Galindo pide explicaciones por la prescripción de la infracción urbanística de San Marcos
El portavoz de IU en el Ayto señala que el infractor es un cargo público del PP en la provincia
El grupo municipal de IU ha registrado una batería de preguntas con relación a la infracción urbanística en el barrio de San Marcos que la coalición denunció el pasado mes de febrero. Estas preguntas se han presentado tras analizar la documentación de los expedientes relacionados con esta infracción. Cabe recordar que el acceso a esta información ha sido complicada y que desde Urbanismo se han puesto trabas, entre ellas la petición a nuestro portavoz de firmar un compromiso de confidencialidad, algo que, como ha recordado Ángel Galindo, no había ocurrido hasta el momento con ningún grupo.
El caso comenzó en 2012, cuando Luis Peñalosa informó de la construcción de dos edificaciones sin licencia en suelo no urbanizable especialmente protegido. En ese año se inició el expediente de restauración de la legalidad y el expediente sancionador al propietario. Tras la apertura de ambos, el propietario mostró su voluntad de restituir la legalidad. Presentó un proyecto de demolición que fue aceptado por el Ayuntamiento, que dio un plazo tres meses para el comienzo de las obras y de seis meses para su finalización (20 de noviembre de 2013).
IU quiere conocer por qué, una vez pasado el plazo, el Ayto no comprobó si habían comenzado las obras de demolición, y si estas se habían llevado a cabo. Seis meses después, el 28 de mayo de 2014, se emitió un nuevo informe que constató que no se había procedido a la demolición de las construcciones ilegales, ante lo cual la organización ha preguntado por qué se realizó este informe tanto tiempo después de que terminase el plazo dado por el Ayuntamiento. En base a este informe, se volvió a abrir el proceso y se pidió la ejecución subsidiaria para restituir la legalidad.
En septiembre de 2014 se emitió otro informe técnico elaborado después de que el infractor presentara alegaciones. Este informe recomendaba dejar sin efecto los expedientes retomados e “iniciar nuevamente procedimiento de restauración de la legalidad urbanística”. La alcaldesa, archivó el procedimiento, pero no inició nuevos expedientes, como indicaba el informe, ante lo cual IU ha preguntado por qué se hizo caso omiso. “No hay excusa. Las infracciones de carácter grave prescriben a los cuatro años. Había tiempo de sobra”, apunta Galindo.
En marzo de 2015 se redactó otro informe con el que se insistía en la apertura de expediente de restauración de la legalidad urbanística y de expediente sancionador, informe al que tampoco hizo caso el equipo de Gobierno. Una nueva inspección técnica en 2016 confirmó que no se había restituido la legalidad, por lo que se abrieron nuevos expedientes, pero ya fuera de plazo, cuando la infracción ya había caducado. “¿Por qué no se abrió un nuevo decreto sancionador y de restitución de la legalidad, como así decía el informe de 2015? Estamos ante acciones lo suficientemente graves para que tanto Alfonso Reguera como la alcaldesa den explicaciones y convencernos de que no se ha dado un trato de favor”, señala el portavoz.
El objetivo de estas preguntas es esclarecer por qué se ha dejado prescribir esta infracción urbanística que fue calificada como grave, tras un cúmulo de despropósitos en el que se han dado sucesivos parones y reaperturas incomprensibles. El Ayto debería trabajar para que estas actuaciones no queden impunes y para que no haya gente que se salte la ley en beneficio propio, como ha ocurrido.
“El señor Reguera ha demostrado una evidente incapacidad para gestionar Urbanismo, con la complicidad de la alcaldesa, que es la que firmaba los decretos de archivo. La gravedad de los hechos es mucho mayor cuando hemos podido comprobar, tras la advertencia de varios ciudadanos, de que el infractor es un cargo público del Partido Popular en la provincia”, subraya Galindo.
IU sospechaba de una posible intención de permitir la prescripción mientras, al parecer, se estaba negociando con el infractor la adquisición de unos terrenos próximos a la iglesia de la Veracruz. “El señor Reguera confirmó a un medio de comunicación de que se trataba del mismo propietario, pero negó que hubiese relación alguna. La realidad es que los dueños del terreno cercano a la Veracruz no coinciden con el nombre del infractor, de lo que entendemos que es el propio concejal de urbanismo el que reconoce que hay un vínculo entre los dos casos”.
En función de las respuestas y explicaciones que ofrezca el equipo de Gobierno, IU decidirá si remite un escrito a la Fiscalía, por si se hubiera podido cometer un posible delito de prevaricación. “La alcaldesa dice en muchas ocasiones que tiene más afinidad ideológica con nosotros, pero que no hemos apoyado algunos presupuestos o decisiones por una cuestión partidista. No sé si habrá afinidad ideológica, pero desde IU no tenemos ninguna afinidad con las cacicadas que seguiremos denunciando, vengan de donde vengan”.
