IU afronta un pago de 24.000 euros por las costas judiciales del ‘Caso Torreón’
La organización anunciará en los próximos días una campaña de colaboración para ayudar a afrontar este gasto
IU Segovia ha ofrecido este viernes los detalles sobre la inadmisión por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del recurso interpuesto para evitar el archivo del caso del Torréon de Lozoya. La organización, personada en el proceso como acusación popular, tiene que hacer frente a una condena en costas de 24.200 euros impuestas por el recurso que presentó ante el Tribunal Supremo.
El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Segovia, Ángel Galindo, ha reconocido que esta cuantía supone un mazazo económico importante. “Para una organización modesta como la nuestra es un palo muy duro. No obstante, estamos orgullosos del trabajo que se ha realizado a lo largo de estos años, un trabajo en solitario, ya que ningún otro partido ha estado hasta el final de un un proceso que ha preocupado e indignado a la sociedad segoviana”.
Galindo ha anunciado que en los próximos días, una vez se haya planificado, la organización lanzará una campaña dirigida a cualquier persona que quiera colaborar para poder hacer frente a este gasto. Ha reivindicado además la labor de IU en los dos procesos de Caja Segovia y ha reiterado el agradecimiento a las decenas de personas que ya han aportado su grano de arena para colaborar en la financiación de estos procedimientos judiciales.
El portavoz se ha referido al reciente nombramiento de Miguel Ángel de Vicente como presidente de la Diputación y de José Luis Sanz Merino como viceconsejero en la Junta. “Ambos estuvieron imputados por el caso del Torreón de Lozoya. Seguramente no han sido juzgados por los acuerdos entre la Fundación Caja Segovia y Bankia, que supusieron el sobreseimiento del caso. Si no hubiera sido por ello, hubieran sido juzgados y quién sabe si inhabilitados”, ha señalado el portavoz. “Vemos que se premia a personas que fueron responsables de la hipoteca del Torreón de Lozoya, y que los que hemos luchado para que se haga justicia salimos gravemente perjudicados”.
El abogado de IU, Alberto López Villa, ha explicado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos normalmente inadmite un 90 por ciento de las demandas que se le presentan, porque pone filtros procesales muy estrictos. “En nuestro caso, una de las excusas ha sido que no hemos aportado el recurso de amparo que presentamos ante el Constitucional, cuando lo que presentamos fue la resolución del Tribunal que inadmitía nuestro recurso. En este sentido, entendemos que nosotros probábamos adecuadamente que habíamos agotado la vía judicial previa en el ámbito nacional, que era lo que pedía el reglamento”, ha subrayado.
Sobre el futuro del caso, López Villa ha apuntado que las diligencias previas (99/2013) que se iniciaron en el juzgado de instrucción número 5 ya han acabado todo su recorrido. Ha remarcado, sin embargo, que estas se basaban en unos hechos acontecidos en 2011 y 2012. “Estas diligencias previas se cerraron por la retirada de la acusación particular tras los acuerdos firmados en 2017 con Bankia, que antepusieron los beneficios individuales frente a los intereses de la Fundación Caja Segovia. Esto podría dar lugar a la reapertura del caso, si se considerara que estos acuerdos secretos pudieran dar lugar a otro posible delito de administración desleal”, ha explicado.
En este sentido, el abogado ha añadido que se estudiarán todas las opciones, y que habrá que contemplar la posibilidad de que los nuevos representantes del Ministerio Fiscal y de la Audiencia Provincial de Segovia tuvieran una opinión distinta a la que se ha tenido hasta este momento.
