Izquierda Unida rechaza la contratación de servicios religiosos en el cementerio municipal
El equipo de Gobierno (PP) ha firmado un contrato con el Obispado para la prestación del servicio religioso católico en los entierros
El Ayuntamiento de Segovia ha firmado un contrato menor con el Obispado de Segovia para la prestación del servicio religioso católico en los entierros que se celebren en el Cementerio Municipal. El obispado percibirá 3121.8 € para un plazo de ejecución de cuatro meses.
El grupo municipal de Izquierda Unida critica que el nuevo equipo de Gobierno del PP contrate unos servicios religiosos cuyo coste debería ser asumido por la Iglesia Católica, que ya recibe dinero del Estado y es la que debe atender a sus feligreses.
IU puso fin en febrero al convenio que el Ayto mantenía con el Obispado desde 2015
En el pasado mandato, la concejalía de Servicios Sociales, gestionada por Ana Peñalosa, puso fin a un convenio mediante el cual el Ayto abonaba 774 euros brutos mensuales al Obispado para el desarrollo de los servicios religiosos de sepultura (una cantidad anual de casi 9.300 euros). Este convenio fue aprobado por el PSOE y renovado antes de que Izquierda Unida entrara en el Gobierno municipal. La formación siempre ha sido crítica con los pagos municipales a estos servicios, tanto con el convenio realizado por parte del PSOE como con este contrato impulsado ahora por el PP.
El actual equipo de Gobierno justifica este contrato directo porque, tradicionalmente, en el cementerio municipal se ha prestado el servicio religioso católico a las personas que así lo quisieran (mediante el convenio anteriormente mencionado). Izquierda Unida remarca que, desde que se puso fin a dicho convenio, los curas han seguido celebrando este tipo de ceremonias sin ningún problema, por lo que no hay motivo para que sea el Ayuntamiento el que financie estas labores religiosas.
IU se muestra favorable a que el Ayuntamiento ponga todas las facilidades para la celebración de cualquier tipo de ceremonia, ya sea civil o vinculada a las diferentes creencias religiosas. No obstante, teniendo en cuenta la aconfesionalidad del Estado reconocida en la Constitución, las administraciones públicas no deben destinar fondos públicos para una actividad que pertenece al ámbito privado de las personas.
