Izquierda Unida defiende el derecho a la ciudad en la utilización del dominio público
El grupo municipal de Izquierda Unida ha presentado una docena de alegaciones a la ordenanza municipal reguladora de la utilización del dominio público. La propuesta inicial del PP fue aprobada el pasado mes de junio, y la resolución de alegaciones y aprobación definitiva serán llevadas al Pleno de este mes de octubre.
La formación fundamenta estas alegaciones, entre otros aspectos, en la falta de participación ciudadana en la elaboración del documento, en la defensa del derecho a la ciudad frente a intereses privados y en la insuficiente regulación en torno a la accesibilidad universal.
Para Izquierda Unida, el texto de la ordenanza debería dar prioridad a los derechos de la ciudadanía antes que a intereses privados y particulares, aunque estos sean legítimos. Más allá de la ocupación de zonas públicas para usos privativos y económicos, esta propuesta, que no aporta soluciones reales a los problemas actuales, debería estar enfocada a proteger el derecho a la ciudad de las personas.
El resultado de esta ordenanza es un reflejo de las prioridades del PP, ya que la participación ciudadana ha sido parcial y se ha dado espacio únicamente a sectores económicos, como la hostelería o la construcción. Estamos hablando de una ordenanza de ocupación de vía pública, que es el espacio de toda la ciudadanía.
IU lamenta que no se haya tenido en cuenta a los representantes del Consejo de Accesibilidad o a otros colectivos especialmente afectados por la ocupación de vía pública. Esto es algo que el grupo municipal ya había reivindicado anteriormente para contribuir a que esta ordenanza se adaptara a las necesidades y dificultades que viven día a día las personas con discapacidad y movilidad reducida.
La nueva ordenanza que propone Mazarías no resuelve los problemas relacionados con la accesibilidad, entre otros, por el incumplimiento de los límites que establece el Ayuntamiento para las terrazas de los bares. Por ello, IU solicita que se establezcan módulos en los que se especifique cuántas sillas y cuántas mesas pueden entrar en los espacios concedidos a cada establecimiento hostelero con el objetivo de que se respeten los límites marcados.
En la actualidad, el intento de incluir el máximo número de mesas y sillas por parte de los hosteleros en los espacios delimitados por el Ayuntamiento acaba produciendo incumplimientos.
Si estos se producen en aceras estrechas se generan verdaderos problemas de tránsito, como puede ser en las zonas de Conde Sepúlveda o Ezequiel González, donde el mínimo incumplimiento (cuando el mobiliario se sitúa fuera del límite concedido) hace que no se cumpla el ancho de acera establecido en la normativa de Accesibilidad.
IU señala que la ordenanza no concreta una periodicidad en las inspecciones con el objetivo de que se cumpla lo establecido en la misma. Esto es fundamental si se busca garantizar un ancho mínimo de paso libre peatonal, ya que si no se especifica con más precisión cómo se va a cumplir la norma, el conflicto entre las terrazas y la movilidad de las personas va a seguir existiendo.
