IU defenderá en Pleno el blindaje permanente de las viviendas de protección oficial
El grupo municipal de IU defenderá en el Pleno de octubre una moción para instar a la Junta de Castilla y León al blindaje permanente de las viviendas de protección oficial para que nunca puedan liberalizarse.
La propuesta tiene como fin solicitar a la administración autonómica que promueva la modificación de la Ley 9/2010, del Derecho a la Vivienda de Castilla y León, con el objetivo de garantizar el carácter permanente de la calificación protegida en las viviendas que hayan sido objeto de ayudas públicas, impidiendo su descalificación automática al término del periodo de protección. La ley permite actualmente que dicha descalificación pueda solicitarse a los 15 años.
Las políticas de vivienda abarcan un amplio abanico de frentes y circunstancias que deben atenderse.
Entre los aspectos más relevantes en este ámbito figuran las Viviendas de Protección Oficial, y uno de los objetivos más acuciantes debe ser evitar la descalificación de las “viviendas protegidas” y fomentar, así, la constitución de un amplio parque de vivienda asequible, que permanezca siempre dentro de un circuito de vivienda regulada para que sea hoy y siempre vivienda protegida y pública. Es algo que ya se practica en algunos países europeos y en comunidades autónomas como País Vasco o Cataluña.
Más allá de este blindaje, es además importante garantizar que las viviendas protegidas creadas con dinero público sean públicas y en régimen de alquiler. De este modo no se favorece un modelo que ha demostrado ser parte del problema de la especulación inmobiliaria, y se evitaría que la movilización de recursos públicos pueda dar lugar precisamente a posibles prácticas especulativas. Por esa razón, la moción reclama tanto a la Junta como al Gobierno municipal que las viviendas protegidas que se proyecten sean públicas y en régimen de alquiler, para evitar fines especulativos.
Plan Estatal de Vivienda 2026-2030
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 de España está dotado con 7.000 millones de euros. Sus objetivos principales incluyen aumentar la oferta de vivienda pública, rehabilitar el parque de viviendas existente y ofrecer ayudas para jóvenes, tanto para alquiler como para compra. Si bien es insuficiente y es mejorable en algunos aspectos, es fundamental que la Junta lo suscriba de forma activa, trabaje para adquirir los máximos recursos económicos posibles y se comprometa a asumir sus objetivos. Se trata de una inversión que puede ser muy relevante de cara a atender necesidades de la ciudadanía en materia de vivienda, por lo que es necesario que la Junte no utilice este plan para ir a la contra del Gobierno estatal.
Por ello, la moción de IU incluye un segundo acuerdo para que el Gobierno autonómico suscriba activamente el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, participando en su cofinanciación (el Estado aporta el 60%) y comprometiéndose a asumir los requisitos y los compromisos que establece dicho plan (entre ellos, garantizar el carácter permanente de la calificación protegida en las viviendas que hayan sido objeto de la financiación de este plan).
El acceso a la vivienda es un problema cada vez más profundo que afecta gravemente a todo el país. Si bien Castilla y León no figura entre las comunidades más caras, los datos no dejan de ser significativos. El precio del metro cuadrado ha subido un 40% en los últimos 4 años, y el de alquiler un 9% solo en el último año.
En lo que respecta a nuestro municipio, Segovia se distancia en gran medida de los datos autonómicos. Es la capital de Castilla y León con la mayor media del precio del alquiler, y una de las dieciocho ciudades en las que el alquiler medio supera el 50% del salario mínimo (la única de la Comunidad). Un estudio realizado por un portal inmobiliario arrojó que Segovia fue la única capital de la autonomía cuyo incremento acumulativo de la vivienda en alquiler sobrepasó el 90% en abril de 2024 respecto a abril de 2014.
