«Ultra conservadurismo judicial» (por Luis Peñalosa)
No hace falta ser demasiado escéptico para no creer en la absoluta imparcialidad de los jueces y fiscales que les exige el Estado de Derecho en el ejercicio de sus funciones. Teóricamente, existen mecanismos para evitar las arbitrariedades en las que puedan incurrir, pero, como estamos viendo a diario, los procedimientos son largos y complejos. Y cuando estas presuntas arbitrariedades tienen un trasfondo político, la reparación de sus efectos negativos puede ser muy difícil.
La cosa se complica aún más cuando los condicionantes no solo son de carácter político, sino que intervienen otros factores heredados del nacional catolicismo, muy arraigados en el ámbito judicial español, que no siempre coinciden con el espíritu de las leyes aprobadas por el Parlamento. Esto les impone una suerte de sometimiento a sus creencias más fuerte incluso al de su ideología política. Eso es lo que define a los jueces (ultra) conservadores. Si de ellos dependiera, seguirían los crucifijos presidiendo los juzgados. Qué se puede esperar de alguien como un presidente de Tribunal Superior de Justicia , que manifiesta públicamente, en plan cruzado franquista, que el partido Comunista de España no está legitimado para gobernar en nuestro país. Y el CJPJ le disculpa, pobrecito, y a otra cosa…
El bloqueo del Consejo Superior del Poder Judicial perpetrado por el Partido Popular desde que perdió el Gobierno evidencia su descarada intención de controlar ideológicamente el órgano de Gobierno de los Jueces, que es quien los nombra, consciente de que existe ese margen de interpretación de las Leyes para, al menos, obstaculizar políticamente la actividad parlamentaria del Gobierno.
El caso de los ERE de Andalucía ha tenido que llegar hasta el Tribunal Constitucional para evidenciar la intencionalidad política de la Audiencia de Sevilla y el propio Tribunal Supremo, con el consecuente desprestigio para ambas Instituciones, por su desprecio a la separación de Poderes. Nadie medianamente conocedor del Derecho puede cometer inconscientemente un error de tal calibre en la fundamentación de este proceso. Yo al menos no me lo creo. Pero me queda la tranquilidad de que si no hubiera sido el Constitucional, la Justicia europea habría corregido este desaguisado judicial. Aunque demasiado tarde para los afectados políticamente.
Es lógico que el Partido Popular, al que tanto juego le ha dado este caso para acusar de corrupción al PSOE, esté escocido por las sentencias del Tribunal Constitucional, que pone las cosas en su sitio, pero podrían haber encajado con un poco más de objetividad los fallos que, en definitiva, refuerzan al Estado de Derecho. Da vergüenza ajena contemplar a los máximos responsables populares manteniendo, a pesar de todo, sus acusaciones, con la violencia verbal y el cinismo que les caracteriza.
Y, finalmente, las querellas que se han visto obligados a presentar el Presidente del Gobierno y su esposa, como último recurso de defensa ante las arbitrariedades procesales del inefable juez Peinado, al que, cómo no, aplauden con las orejas y sin el menor pudor los Populares y sus medios de comunicación afines. Se dice que es muy improbable que Peinado sea condenado por prevaricación, ya que además de demostrar que es un chapucero, profesionalmente hablando (cosa que es más que evidente), habría que probar que esas chapuzas se han hecho a sabiendas y basta con reconocer que uno es un inútil, pero que lo hizo sin querer, para librarse. Y al final, Manos Limpias habrá conseguido su objetivo difamador.
En otro campo, leo con angustia en un periódico que el colectivo ultra católico Abogados Cristianos ha conseguido parar, a través de un Juzgado de Barcelona, una eutanasia aprobada por la correspondiente Comisión de Garantía y Evaluación, prolongando el sufrimiento inhumano de una mujer de 23 años que ya intentó suicidarse. Cómo les gusta a estos ultra católicos decidir sobre la vida de los demás. Espero no caer nunca en sus manos…