La juez archiva la querella de Jaime Pérez (PP) contra Carlos Serrano y José Luis Ordóñez (IU)
El auto descarta indicios de delito de injurias y calumnias en las declaraciones con las que IU pedía explicaciones sobre la empresa JM Plaseges Agua, vinculada a Pérez
La juez ha decretado el sobreseimiento y archivo de la causa contra Carlos Serrano, coordinador provincial de IU Segovia, y José Luis Ordóñez, ex coordinador de la organización. Ambos declararon el pasado mes de diciembre por una querella de injurias y calumnias interpuesta por Jaime Pérez, diputado del Partido Popular, y la empresa JM Plaseges Agua SL.
Como ya se ha señalado, la querella obedecía a las explicaciones que Izquierda Unida pidió en noviembre de 2021 con relación a la actividad de dicha empresa, vinculada al diputado denunciante. En esas declaraciones, Serrano y Ordóñez, entonces coordinador provincial, se refirieron a una extraña coincidencia en la fecha del 9 de octubre de 2020. Ese día, la compañía había cambiado de administrador único (dejó de serlo el propio Pérez Esteban y se nombró a un familiar directo) y también se anunció la firma de un Protocolo General de Actuación con el objetivo de promover el establecimiento de sistemas de depuración en municipios de Castilla y León.
Según dictamina el auto, de las diligencias practicadas no se desprenden indicios de la comisión de los delitos de injurias y calumnias, al no concurrir ánimo de menospreciar o menoscabar la integridad o el honor de la parte querellante. Tampoco el contenido de las manifestaciones de los querellados, publicadas en medios locales, contienen la atribución de un hecho delictivo concreto y a una persona determinada.
Reivindicación de transparencia en los fondos públicos
El auto establece que, en un ámbito puramente político, los querellados llevaron a cabo unas manifestaciones con el fin de poner en conocimiento unos hechos, una noticia, y de pedir explicaciones por parte de la Diputación sobre el destino del dinero público, reivindicando una transparencia en la gestión de fondos públicos.
Por tanto, la juez señala que Serrano y Ordóñez no procedieron con ánimo de menospreciar o desacreditar, sino de ejercitar un derecho, ejecutar una crítica o denunciar unos determinados hechos en un contexto concreto. Añade que, en la pugna del derecho al honor y la libertad de expresión e información, los límites de la crítica son más permisibles al referirse a personas que se dedican a una actividad política y/o pública, estando expuestas a un control más riguroso de sus actividades y manifestaciones.
Una querella intimidatoria
Para IU, este sobreseimiento confirma que la querella tenía una clara intención intimidatoria y coactiva hacia la labor política de la organización. Forma parte de la estrategia constante del PP de judicializar asuntos meramente políticos.
Izquierda Unida se limitó a pedir aclaraciones sobre si hay alguna relación entre el cambio de administrador único de JM Plaseges y la subvenciones recibidas por la Diputación de Segovia para los mismos fines a los que se dedica la empresa.
La organización recuerda que el diputado Jaime Pérez, el 3 de diciembre de 2021, realizó declaraciones en la sede de la Diputación, utilizando recursos de la administración provincial, pagada por los impuestos de todos los segovianos, para anunciar que una empresa privada como es Plaseges denunciaría a Izquierda Unida.
IU considera sorprendente que el Partido Popular de Segovia y el presidente de la Diputación sigan sin pronunciarse sobre un caso de utilización de la Diputación de Segovia para intereses particulares de un diputado.
Silencio de la Diputación y el resto de partidos
Izquierda Unida es garantía de que no se cometan posibles irregularidades con el dinero público en cualquier administración. Una vez superada está denuncia judicial, la organización está actualmente analizando información diversa sobre las empresas relacionadas con el diputado denunciante. IU registrará próximamente una batería de preguntas en este sentido para que sean respondidas por el Partido Popular y el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente.
La formación también quiere incidir en la lamentable la actitud del resto de partidos políticos, que no han mostrado interés alguno en este asunto, especialmente el PSOE y Ciudadanos, con representación en la Diputación, que no han movido ni un dedo y están siendo en parte permisivos con el Partido Popular.
La organización provincial de Izquierda exige al Partido Popular de Segovia y al presidente de la Diputación que explique la vinculación de su diputado Jaime Pérez con todos los hechos expuesto. Asegura que seguirá exigiendo transparencia en todas las administraciones con relación a la gestión del erario público, y que no se dejará amedrentar en su labor política. Con las informaciones que atualmente maneja, no descarta la posibilidad en el futuro de ir la Fiscalía.
Antecedentes
Jaime Pérez miembro de la Junta de gobierno de la Diputación de Segovia, que es el órgano que recibe la subvención, cambia de administrador único de su empresa a un familiar de primer grado, muy cercano. Esta empresa, Plaseges, se dedica al mismo objeto de negocio que el fin de la recepción de la subvención.
Por otro lado, el 20 de Julio de 2022, en la FES, se produjo una reunión para estudiar soluciones al exceso de nitratos en los suelos y acuíferos de la provincia de Segovia. El delegado territorial de la Junta de CyL, José Mazarías, hoy candidato a la alcaldía de Segovia, convocó ese encuentro. A esa reunión acudió Jaime Pérez como representante de la empresa JM Plaseges Agua, según relataba la nota de prensa.
Es decir, que Jaime Pérez, diputado provincial, participa en una reunión en calidad de representante de dicha empresa con el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, siendo esta la promotora de las subvenciones a diputaciones provinciales para abordar los tratamientos de aguas. Desde IU nos gustaría saber si el Partido Popular de Segovia, el Presidente de la Diputación de Segovia y José Mazarías van a dar ninguna explicación.
Más recientemente, el señor Pérez respondió el pasado 15 de diciembre a un informe de Ecologistas en Acción como representante de la Diputación, asegurando que no había ningún problema con la contaminación de las aguas y desmintiendo dicho documento. Resulta chocante que el representante público que hace declaraciones con respecto a la seguridad del agua sea responsable precisamente de una empresa privada encargada del tratamiento de aguas.
