Provincia

IU-Equo llevará a las Cortes la estafa piramidal de iDental

El procurador de IU-Equo, José Sarrión ha mantenido una reunión con la Asociación de afectados de iDental (Adafi) ante el cierre de las Clínicas odontológicas iDental en las provincias de Segovia, Salamanca y Valladolid, que ofertaban tratamientos odontológicos con el reclamo de supuestas subvenciones a los pacientes.

iDental se describe como «una empresa de emprendimiento social que tiene entre sus principales fines mejorar la sociedad asistiendo a los pacientes que están pasando por un momento económico complicado con ayudas dentales privadas de hasta el 60, 70, 80, 90 e incluso el 100% del tratamiento”.

Adafi ha presentado el caso al procurador de IU-Equo argumentando que, bajo
una promoción de tratamientos con el lema publicitario’ asistencia dental social’, se han ofertando tratamientos odontológicos de manera irregular, que en algunos casos ni siquiera se han iniciado, con el reclamo de supuestas subvenciones -ayudas privadas- y, tras el cierre de las clínicas en la Comunidad se han quedado sin tratamiento, continúan pagando y no pueden acceder a sus historiales clínicos.

Clínica iDental en Segovia./ El Adelantado

“Nos encontramos ante una estafa piramidal organizada, que realizaba contratos a más pacientes de la capacidad para atenderlos, lo que ha supuesto una pérdida de ahorros y tratamientos”, ha denunciado el procurador. “Han captado miles de pacientes con necesidades de un tratamiento dental y de bajo nivel económico. Les venden implantes y otros servicios odontológicos y les ofrecen para su pago firmar contratos con financieras”.

La sede de la clínica IDental de Segovia cerró hace una semana, ante la sorpresa de decenas de clientes que tenían programadas citas para diferentes tratamientos. La empresa colocó en la puerta de entrada un cartel que indicaba un cierre temporal “por motivos ajenos a los trabajadores” y “hasta nuevo aviso”.

IU-Equo presentará en el parlamento autonómico un conjunto de iniciativas solicitando la implicación de la administración púbica para dar una solución. En este sentido, solicitará la elaboración de un listado de las personas afectadas para evaluar el grado de afectación –fraude o mala praxis-, que las personas con menos recursos puedan ser atendidas, y la devolución de los historiales clínicos a los pacientes.