IU denuncia trabas para acceder a la información sobre la infracción urbanística de San Marcos
El Ayto pide a Galindo que firme un compromiso de confidencialidad. El grupo ya anunció que llevaría este asunto a la Fiscalía.
El pasado mes de febrero el grupo municipal de Izquierda Unida denunció la prescripción de una infracción urbanística grave en la zona del barrio de San Marcos. Se trata de un caso que comenzó en 2012, cuando Luis Peñalosa informó de la construcción de dos edificaciones sin licencia en suelo no urbanizable especialmente protegido. En ese año se inició el expediente de restauración de la legalidad y el expediente sancionador al propietario.
Este expediente es un cúmulo de despropósitos, en el que se han dado sucesivos parones y reaperturas incomprensibles, lo que hace sospechar de una posible intención de permitir su caducidad mientras, al parecer, se estaba negociando con el infractor la adquisición de unos terrenos próximos a la iglesia de la Veracruz. Por ello, nuestro grupo anunció que trasladaría un escrito a la Fiscalía, por si se hubiera podido cometer un posible delito de prevaricación.
Para ello hemos pedido una copia de los diferentes expedientes, decretos y alegaciones relacionados con este caso. Ante esta petición, la respuesta ha sido un escrito firmado por Alfonso Reguera, en el que el edil de Urbanismo señala que ha solicitado a la asesoría jurídica de la Corporación un informe sobre el acceso a los expedientes elaborados por la sección de Disciplina Urbanística. Añade que, para acceder a los mismos, el concejal de IU tiene que suscribir de forma expresa y por escrito el compromiso de confidencialidad y derecho al honor al que hace referencia el artículo 13.2 del Reglamento Orgánico Municipal. En este sentido cabe recordar que los decretos son públicos, ya que es posible solicitar que se lean en el propio Pleno del Ayto.
Hay que reseñar, por un lado, que los concejales nos comprometemos a cumplir este reglamento desde el momento que prometemos el cargo, y por otro, que es la propia Alcaldesa la que hace pocas semanas, cuando hacía referencia al caso Aragoneses (similar a este), dijo que a la copropietaria le habían impuesto una sanción de 17.500 €, a la vez que citaba su nombre propio. Sería interesante saber si se ha firmado el compromiso de confidencialidad que el señor Reguera pide a nuestro grupo.
No tiene sentido que se encargue esto a una asesoría jurídica privada, ya que, si hubiese alguna duda, debería ser la Secretaría del Ayuntamiento la que informase sobre esta cuestión. Parece que es una mera excusa para poner trabas y alargar los tiempos ante nuestro anuncio de ir a la Fiscalía. Con esta actitud, crecen las sospechas de que tienen algo que esconder.
El escrito ya mencionado también señala que no deberíamos tener conocimiento de algunas cuestiones sobre las que pedimos información, al “no haber solicitado acceso al expediente en ningún momento”. No obstante, la información general que tenemos sobre el caso nos la hizo llegar la propia concejalía de Urbanismo, ya que fue Luis Peñalosa el que lo denunció. Es una nueva muestra de que el señor Reguera no sabe cómo se trabaja en la concejalía de la que es responsable.
Más allá de la cuestión jurídica, el concejal de Urbanismo o la alcaldesa deberían haber dado alguna explicación sobre este caso, en lugar de echar balones fuera y amenazar con acciones judiciales contra IU. Cabe recordar que estas infracciones prescriben a los 4 años, por lo que no hay excusas que justifiquen la prescripción. El señor Reguera, en el mejor de los casos, ha demostrado una evidente incapacidad para gestionar Urbanismo, ya que desde el Ayuntamiento se debe trabajar para que estas infracciones no queden impunes y que no haya gente que se salte la ley en beneficio propio.
No entendemos que con este bagaje el edil de Urbanismo no haya dimitido todavía, o que la alcaldesa no le haya cesado. Aunque hay que tener en cuenta que los expedientes sancionadores y de restitución de la legalidad se archivaron en 2014 mediante decretos, y los decretos realizados en el Ayto se firman desde alcaldía. En 2016 se reabrió el caso, pero da la impresión de que todo fue un paripé, porque la infracción había prescrito un mes antes.
